En 1994, durante la presidencia de Menem, se llevó a cabo la reforma constitucional en Argentina. Esto propició que acuerdos internacionales alcanzaran la jerarquía constitucional. Fue el caso de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio (desde 1994) y la Convención contra la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
De esta manera, el Derecho Internacional ha jugado un papel relevante en la lucha por la verdad y la justicia frente a los crímenes de la dictadura militar, sobre todo una vez ya aplicadas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. El Derecho Internacional permitió el enjuiciamiento y condena desde el exterior de país, al categorizar los crímenes cometidos por las Juntas Militares como Genocidios o actos de Lesa Humanidad.
Los Juicios por la Verdad se iniciaron en la Argentina en 1995 y se basaron en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el derecho a la verdad y, como elementos de éste, en el derecho a la memoria, al duelo (reclamo del cuerpo o del destino corrido por la víctima) y al patrimonio cultural (rito funerario). Los juicios por la verdad se originaron ante la falta de respuesta del Estado respecto al destino de los desaparecidos y ante la imposibilidad de reclamarla jurídicamente luego de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) y los indultos.
El derecho a la verdad se sustenta en el derecho de las familias de saber el paradero final de los desaparecidos y en la obligación de los Estados de investigar hasta la averiguación de toda la verdad y brindar esa información.
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