El Punto Final y la Obediencia Debida

El Punto Final y la Obediencia Debida

Portada del diario Clarín

El problema entre la institución de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil se agravaba en la medida en que se conocían los hechos ocurridos durante la dictadura. Con los juicios a las juntas militares que habían actuado durante el Proceso de Reorganización Nacional  creció la inconformidad entre las Fuerzas Armadas. En este contexto el Dr. Alfonsín   pretendió cambiar la situación de tensión intentando limitar y circunscribir esta acción. El resultado fue la sanción de a llamada ley de Punto Final de 1986. 

La ley de Punto Final determinaba un límite de 60 días para la presentación de denuncias contra policías y militares que hubiesen cometido delitos contra los derechos humanos. De este modo, la Justicia levantó la feria judicial, y entre enero y febrero de 1987 los tribunales se llenaron de denuncias.

Los grupos de derecha de corte liberal se oponían a esta medida ya que planteaba que había que sancionar una amnistía total. Por su parte, los sectores de izquierda y los grupos progresistas no aceptaban los costos políticos que esta decisión representaba.

El siguiente video del ciclo "Si te he visto no me acurdo" explica el contexto de la sanción de la ley, como el discurso del presidente Alfonsín:



Entre los militares aumentó la tensión que terminó de estallar en 1987. En la Semana Santa de 1987 se produjo un motín en Campo de Mayo (en la provincia de Buenos Aires) cuyo líder era el Coronel Aldo Rico. Este estallido significó la unificación de las distintas tensiones existentes en las Fuerzas Armadas durante el proceso de transición democrática. Este grupo que se levantó, los "carapitandas" cuestionaban algunos temas vinculados a la Guerra de Malvinas y objetaban que los generales, en vez de proteger a los subordinados, descargaban responsabilidades en ellos.
Frente al amotinamiento militar todas las organizaciones políticas se expresaron a favor del sistema democrático demostrando el apoyo al gobierno y al orden político alcanzado en 1983.
Alfonsín se reunió con los amotinados en Campo de Mayo y como resultado de él los militares depusieron las armas y el gobierno sancionó la llamada ley Obediencia Debida en 1987. La ley eximía de castigo a los militares que habían cometido delitos en cumplimiento  de órdenes de sus superiores.
La ley fue muy mal vista por la sociedad y no sirvió para tranquilizar el ciclo de sublevaciones militares ya que, a pesar de las concesiones obtenidas, los carapintadas, volvieron a sublevarse en enero de 1988 en Monte Caseros, también encabezada por Aldo Rico. En diciembre de ese mismo año otro grupo del Ejercito se rebeló contra el gobierno democrático. Fue en Villa Martelli a cargo de Mohamed Alí Seineldín.
Entre ambas leyes, la de Punto Final y Obediencia Debida, quedaron sin efecto 1.180 procesos militares involucrados en acciones contra la humanidad.