El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón. De este modo se inició el Proceso de Reorganización Nacional, un período que se caracterizó por el ejercicio del terrorismo de Estado.
Las distintas juntas militares que concentraron desde entonces la suma del poder suprimieron la vigencia de la Constitución Nacional y, con esto, los derechos y garantías que en ellas se establecen.
Se dictaron una serie de medidas represivas, contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de Derechos Humanos, que incluían el encarcelamiento la confiscación de bienes y la cancelación de la ciudadanía de algunos integrantes del gobierno derrocado, la suspensión de la actividad política y sindical, la instauración de la pena de muerte para delitos de subversión, entre otras cosas. Pero además, el gobierno de facto reprimió las actividades terroristas en forma ilegal y clandestina.
Miles de personas de distintas extracciones sociales, sospechosas de tener pensamiento de izquierda o vínculos con organizaciones terroristas (sindicalistas, escritores, artistas, sacerdotes, estudiantes, profesionales, obreros) fueron secuestradas por bandas armadas (grupo de tareas), encarceladas en centros clandestinos de detención, sometidos a condiciones de vida infrahumanas y torturadas.
Los militares decidían, además, el destino de cada uno de los prisioneros: algunos eran liberados, otros eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo (pasando a cárceles comunes) y otros eran eliminados físicamente, "eran desaparecidos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario